El acceso a agua pública y desagüe es un derecho humano de primer orden. La provisión de agua potable y saneamiento (acceso a una red pública de desagüe) son indicadores que suelen mejorar de la mano; normalmente una comunidad con acceso a desagüe por red de alcantarillado tiene acceso a agua potable. La carencia de agua de calidad y saneamiento afectan directamente a la salud de la población. Ella causa enfermedades diarreicas agudas que suelen provocar desnutrición y mortalidad infantil. Para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU, la provisión de agua salubre y saneamiento higiénico son condiciones necesarias. Incluso, uno de los ODS (objetivo 6) está específicamente orientado a garantizar el acceso a agua y saneamiento para toda la población. Además, la provisión de agua y saneamiento son importantes para poner fin a la pobreza (objetivo 1), empoderar a las mujeres (objetivo 5), y garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles (objetivo 12). A nivel mundial sigue siendo un reto poder garantizarle acceso a estos servicios a toda la población. Si bien desde 1990, 2 600 millones de personas han conseguido acceder a mejores fuentes de agua; para el 2015 existían aún más de 650 millones de personas que carecen de este acceso. Incluso, la ONU estima que aproximadamente 1 800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable contaminada con materia fecal y más de 2 400 millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento como retretes o letrinas. Finalmente, más del 40% de la población mundial sufre de escasez de agua y la ONU prevé que esta cifra puede aumentar.